viernes, 20 de junio de 2008

Cosmetica: Competencia podría multar a los fabricantes por pactar precios

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha iniciado la investigación de tres posibles acuerdos de precios en el sector de los cosméticos. Entre las empresas afectadas se encuentran algunas de las más importantes del sector, como Unilever, Colgate o L'Oreal.

La CNC ha procedido a la apertura de tres expedientes sancionadores y ha llevado a cabo 13 inspecciones domiciliarias en las sedes de las principales empresas del sector.

La CNC señala que esta investigación, que comenzó el pasado 17 de junio, se inició "bajo la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos y prácticas concertadas para fijar precios en todo el territorio nacional y de acordar políticas comerciales comunes".

Competencia advierte de que, si se demostrara que estas prácticas son ciertas, "constituirían una infracción del artículo 1 de la Ley de Competencia de las más dañinas para la competencia, ya que constituyen una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras".

En total son tres investigaciones, una de las cuales se ha centrado en el sector de geles, donde Competencia ha incoado un expediente sancionador a Puig Beauty & Fashion, Sara Lee Household & Body Care España, Henkel Ibérica, Colomer Group Spain y Colgate Palmolive España.

La segunda de las investigaciones se refiere a los dentífricos, donde ha expedientado de nuevo a Henkel Ibérica y a Colgate Palmolive España, así como a Unilever y a GlaxoSmithkline.

Por último, Competencia se ha fijado en el sector de la peluquería profesional, donde ha incoado un expediente a L’Oréal España, Productos Cosméticos (Wella), Eugène Perma España, Cosmética Cosbar (Montibello), Cosmética Técnica (Lendan) y DSP Haircare Products, además de a Colomer Group Spain, a Henkel Ibérica y a la asociación Stanpa.

El organismo presidido por Luis Berenguer abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de los expedientes correspondientes y para su resolución.

La investigación de los cárteles de precios supone una de las prioridades de actuación de la CNC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores, especialmente cuando se trata de productos de gran consumo, que forman parte de la cesta de la compra de los consumidores finales españoles.

Vía: El mundo.es

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